Hoy, la sostenibilidad no es opción para las empresas, sino más bien una exigencia que define su competitividad, reputación y viabilidad a largo plazo. En este contexto, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP, vigente del 2016) ha redefinido el rol de estas en la gestión de residuos en Chile, obligando los productores e importadores a hacerse cargo de los residuos que generan sus productos una vez que terminan su vida útil, estableciendo metas de recolección y valorización que deben cumplir. Actualmente, los productos regulados son:
- Neumáticos
- Envases y embalajes
- Aceites y lubricantes
- Pilas
- Aparatos eléctricos y electrónicos
- Baterías
Cada uno de estos sectores tiene metas de recolección y reciclaje obligatorias, lo que significa que las empresas no pueden desentenderse de lo que ocurre con sus productos una vez que el consumidor los descarta.
¿Cómo impacta esta Ley a las empresas?
La implementación de la Ley REP transforma la manera en que las empresas gestionan sus productos y residuos, exigiendo un cambio estructural en sus operaciones. Ya no basta con producir y vender; ahora deben asumir la responsabilidad de todo el ciclo de vida de sus productos, desde el diseño hasta su disposición final. Esto implica replantear procesos internos, desarrollar estrategias de recolección y reciclaje, coordinarse con gestores autorizados y garantizar que toda la cadena de suministro cumpla con estándares de sostenibilidad. La normativa introduce obligaciones e impulsa una nueva forma de operar, donde la trazabilidad, la economía circular y la minimización del impacto ambiental se vuelven elementos centrales en la estrategia empresarial.
De esta manera, y en lo concreto, las empresas deben:
- Inscribirse en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) para reportar con precisión la cantidad de productos que introducen en el mercado.
- Cumplir metas de recolección y reciclaje, lo que implica organizar sistemas propios de gestión de residuos o adherirse a esquemas colectivos que faciliten el cumplimiento normativo.
- Financiar las operaciones de reciclaje y valorización, cubriendo los costos asociados a la recolección, tratamiento y reutilización de sus productos una vez que han cumplido su ciclo de vida.
- Garantizar que sus proveedores y socios comerciales cumplan con la normativa, alineando toda la cadena de valor con prácticas sostenibles.
Ahora bien, el no cumplimiento de esta normativa puede derivar en multas significativas, fiscalizaciones por parte del Ministerio del Medio Ambiente y riesgos reputacionales para las empresas. Además, en un contexto donde los consumidores y reguladores exigen mayor responsabilidad ambiental, adaptarse a la Ley REP también es una oportunidad de diferenciarse y demostrar compromiso con la economía circular. ¿Cómo? Diseñando productos más sostenibles, implementando sistemas de logística inversa, para recuperar productos y residuos posconsumo; colaborando con gestores de residuos autorizados, como Recicla, que ofrecen soluciones para cumplir con la normativa, y educando y sensibilizando a los consumidores sobre la correcta disposición de los residuos, entre otras maneras.